Sánchez BarragánAbogados
¿Puede ser condenada penalmente mi empresa?
Cuándo responde penalmente una sociedad, qué se juega y qué programa de cumplimiento la exime de verdad.
Desde 2010, una empresa puede ser investigada, acusada y condenada penalmente en España. Pero no de cualquier delito ni de forma automática: solo de los delitos que la ley enumera, y únicamente cuando a un delito cometido en su beneficio se suma un fallo de su propia organización. Un programa de cumplimiento real, eficaz y anterior al delito puede eximir de responsabilidad a la sociedad.
Cuándo responde: los tres presupuestos art. 31 bis CP
Un delito de conexión
Una persona física de la organización comete un delito del catálogo legal: un directivo, o un empleado bajo su control si el hecho fue posible por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control.
En beneficio de la empresa
El delito se comete en su beneficio, directo o indirecto; no basta el interés exclusivo de quien delinque.
Un fallo de organización
Faltaban medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir un delito como el cometido.
Fuera del catálogo de delitos (por ejemplo, un accidente laboral imprudente) podrá haber responsabilidad de las personas físicas y responsabilidad civil de la empresa, pero no pena para la sociedad; en los delitos contra los derechos de los trabajadores, el juez sí puede imponerle las consecuencias accesorias del art. 129 (art. 318 CP).
Qué se juega la sociedad art. 33.7 CP
- Multa (por cuotas o proporcional), común a todos los supuestos.
- Suspensión de actividades (hasta cinco años).
- Clausura de locales y establecimientos (hasta cinco años).
- Prohibición de las actividades en cuyo ejercicio se cometió el delito (temporal o definitiva).
- Inhabilitación para subvenciones, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales y de la Seguridad Social.
- Intervención judicial de la sociedad (hasta cinco años).
- Disolución, con pérdida definitiva de la personalidad jurídica (el extremo del sistema).
- Con límites: el juez pondera la necesidad de la pena y sus efectos económicos y sociales, en particular para los trabajadores; y las penas temporales de más de dos años exigen reincidencia o que la sociedad se use para delinquir (art. 66 bis).
La clausura, la suspensión y la intervención pueden acordarse ya durante la instrucción como medidas cautelares, solo a petición de parte y tras una vista con todas las partes personadas; el auto es apelable (art. 544 quáter LECrim).
Qué debe tener el compliance para eximir art. 31 bis.2 a 5 CP
- Mapa de riesgos: identificar las actividades en las que pueden cometerse los delitos a prevenir.
- Protocolos de formación de la voluntad y de toma y ejecución de decisiones.
- Gestión de los recursos financieros adecuada para impedir esos delitos.
- Canal de denuncias: obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia.
- Régimen disciplinario que sancione los incumplimientos del modelo.
- Verificación periódica del modelo, revisándolo ante infracciones relevantes o cambios en la organización.
- Órgano de cumplimiento con poderes autónomos de iniciativa y control que supervise el modelo; en las empresas de pequeñas dimensiones puede asumirlo el órgano de administración (art. 31 bis.2 y 3).
Lo esencial no es el papel, sino la realidad. Un manual comprado, genérico y sin vida —el compliance de estantería— no exime; puede incluso retratar a la empresa. Y el programa no solo hay que tenerlo y aplicarlo: hay que poder probarlo, con su documentación y sus actos de aplicación efectiva. Si las condiciones solo pueden acreditarse en parte, el modelo no exime, pero atenúa la pena (art. 31 bis.2).
Quién tiene que probar qué
La carga es de la acusación
La presunción de inocencia protege también a la persona jurídica. El delito del directivo o del empleado no hace presumir el fallo de organización: es la acusación quien ha de acreditarlo (SSTS 154/2016 y 221/2016).
Pero no conviene cruzarse de brazos
Si la defensa ni siquiera alega ni intenta acreditar el programa, el tribunal puede concluir que no existía; y la Fiscalía reclamará esa acreditación en el proceso (STS 298/2024; Circular FGE 1/2016).
Si investigan a su empresa
Conviene
- Defensa propia de la sociedad, separada de la de sus administradores: sus intereses pueden no coincidir. Al citarla, el juzgado le requiere que designe abogado y procurador; si no lo hace, se le nombran de oficio (art. 119 LECrim).
- Designar representante para el proceso, con poder especial si ha de poder prestar conformidad; no puede serlo quien deba declarar como testigo. Declara por la sociedad asistido de su abogado y con derecho a guardar silencio, a no declarar contra ella y a no confesarse culpable (art. 409 bis LECrim).
- Preservar de inmediato la documentación y las comunicaciones relevantes del asunto.
- Reunir la prueba del programa y valorar una investigación interna que ordene los hechos; con el resultado a la vista, ponderar las atenuantes propias de la sociedad: confesar antes de saber que el procedimiento se dirige contra ella, colaborar con pruebas nuevas y decisivas, reparar el daño y adoptar medidas de prevención antes del juicio (art. 31 quater CP).
Evite
- Confundir la defensa de la empresa con la del directivo: a la sociedad puede convenirle acreditar que burló sus controles.
- Alterar, destruir o «ordenar» documentación tras conocer la investigación.
- Improvisar la declaración del representante sin preparación ni asesoramiento.
- Demorar las primeras decisiones: parte de lo que sostiene la defensa puede perderse con el tiempo.
- Buscar la salida en la fusión, la escisión o la disolución de la sociedad: la responsabilidad penal pasa a la entidad resultante, y la disolución que continúa la actividad no la extingue (art. 130.2 CP).
Lo que el compliance no evita: la responsabilidad civil
Son dos planos distintos. El compliance opera en el terreno penal. La responsabilidad civil (el deber de reparar el daño) sigue su propia lógica, ligada a la organización y al riesgo de la actividad, y no se apaga con el programa de cumplimiento: si es condenada, responde civilmente de forma solidaria con las personas físicas condenadas (art. 116.3 CP); y aun absuelta en lo penal, la sociedad puede seguir respondiendo civilmente, de forma subsidiaria, de los delitos cometidos por sus empleados o representantes (art. 120 CP).
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Base legal: arts. 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 33.7, 66 bis, 116, 120, 129 y 130.2 del Código Penal; arts. 119, 409 bis, 544 quáter, 785.11 y 787 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016. Jurisprudencia: SSTS 154/2016, 221/2016, 894/2022, 89/2023, 298/2024, 768/2025 y 836/2025. Guía completa: sanchezbarragan.es/guias/responsabilidad-penal-personas-juridicas. Aviso: esta guía tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico; cada asunto requiere un estudio individualizado. © Sánchez Barragán Abogados.