Sánchez BarragánAbogados
¿Puede ser condenada penalmente mi empresa?
Cuándo responde penalmente una sociedad, qué se juega y qué programa de cumplimiento la exime de verdad.
Desde 2010, una empresa puede ser investigada, acusada y condenada penalmente en España. Pero no de cualquier delito ni de forma automática: solo de los delitos que la ley enumera, y únicamente cuando a un delito cometido en su beneficio se suma un fallo de su propia organización. Un programa de cumplimiento real, eficaz y anterior al delito puede eximir de responsabilidad a la sociedad.
Cuándo responde: los tres presupuestos art. 31 bis CP
Un delito de conexión
Una persona física de la organización (directivo o empleado bajo su control) comete un delito del catálogo legal.
En beneficio de la empresa
El delito se comete en su beneficio, directo o indirecto; no basta el interés exclusivo de quien delinque.
Un fallo de organización
Faltaban medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir un delito como el cometido.
Fuera del catálogo de delitos (por ejemplo, un accidente laboral imprudente) podrá haber responsabilidad de las personas físicas y responsabilidad civil de la empresa, pero no pena para la sociedad.
Qué se juega la sociedad art. 33.7 CP
- Multa (por cuotas o proporcional), común a todos los supuestos.
- Suspensión de actividades (hasta cinco años).
- Clausura de locales y establecimientos (hasta cinco años).
- Prohibición de las actividades en cuyo ejercicio se cometió el delito (temporal o definitiva).
- Inhabilitación para subvenciones, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales y de la Seguridad Social.
- Intervención judicial de la sociedad (hasta cinco años).
- Disolución, con pérdida definitiva de la personalidad jurídica (el extremo del sistema).
La clausura, la suspensión y la intervención pueden acordarse ya durante la instrucción como medidas cautelares.
Qué debe tener el compliance para eximir art. 31 bis.5 CP
- Mapa de riesgos: identificar las actividades en las que pueden cometerse los delitos a prevenir.
- Protocolos de formación de la voluntad y de toma y ejecución de decisiones.
- Gestión de los recursos financieros adecuada para impedir esos delitos.
- Canal de denuncias: obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia.
- Régimen disciplinario que sancione los incumplimientos del modelo.
- Verificación periódica del modelo, revisándolo ante infracciones relevantes o cambios en la organización.
Lo decisivo no es el papel, sino la realidad. Un manual comprado, genérico y sin vida —el compliance de estantería— no exime; puede incluso retratar a la empresa. Y el programa no solo hay que tenerlo y aplicarlo: hay que poder probarlo, con su documentación y sus actos de aplicación efectiva.
Quién tiene que probar qué
La carga es de la acusación
La presunción de inocencia protege también a la persona jurídica. El delito del directivo o del empleado no hace presumir el fallo de organización: es la acusación quien ha de acreditarlo (SSTS 154/2016 y 221/2016).
Pero no conviene cruzarse de brazos
Si la defensa ni siquiera alega ni intenta acreditar el programa, el tribunal puede concluir que no existía; y la Fiscalía reclamará esa acreditación en el proceso (STS 298/2024; Circular FGE 1/2016).
Si investigan a su empresa
Conviene
- Defensa propia de la sociedad, separada de la de sus administradores: sus intereses pueden no coincidir.
- Designar representante para el proceso con poder especial; no puede serlo quien deba declarar como testigo.
- Preservar de inmediato la documentación y las comunicaciones relevantes del asunto.
- Reunir la prueba del programa y valorar una investigación interna que ordene los hechos.
Evite
- Confundir la defensa de la empresa con la del directivo: a la sociedad puede convenirle acreditar que burló sus controles.
- Alterar, destruir o «ordenar» documentación tras conocer la investigación.
- Improvisar la declaración del representante sin preparación ni asesoramiento.
- Demorar las primeras decisiones: parte de lo que sostiene la defensa puede perderse con el tiempo.
Lo que el compliance no evita: la responsabilidad civil
Son dos planos distintos. El compliance opera en el terreno penal. La responsabilidad civil (el deber de reparar el daño) sigue su propia lógica, ligada a la organización y al riesgo de la actividad, y no se apaga con el programa de cumplimiento: aun absuelta en lo penal, la sociedad puede seguir respondiendo civilmente, de forma subsidiaria, de los delitos cometidos por sus empleados o representantes.
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Base legal: arts. 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 33.7, 66 bis, 116, 120, 129 y 130.2 del Código Penal; arts. 119, 409 bis, 785.11 y 787 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016. Jurisprudencia: SSTS 154/2016, 221/2016, 894/2022, 89/2023, 298/2024, 768/2025 y 836/2025. Guía completa: sanchezbarragan.es/guias/responsabilidad-penal-personas-juridicas. Aviso: esta guía tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico; cada asunto requiere un estudio individualizado. © Sánchez Barragán Abogados.