La base de datos policial de ADN: qué es y cómo cancelar su perfil

Qué es la base de datos policial de ADN

Es el registro que creó la Ley Orgánica 10/2007 para reunir los ficheros de perfiles genéticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con dos finalidades: la investigación y averiguación de delitos, y la identificación de restos cadavéricos y la averiguación de personas desaparecidas (art. 1). Depende del Ministerio del Interior (art. 2), a través de la Secretaría de Estado de Seguridad; sus ficheros están sometidos al nivel de seguridad alto (art. 8) y los análisis solo pueden realizarlos laboratorios acreditados por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN (art. 5).

No es el fichero general de antecedentes policiales (donde constan las detenciones, la reseña dactilar y los atestados), que tiene su régimen propio y del que nos ocupamos en la guía «Antecedentes policiales». Son dos registros distintos, y quien pretenda que no quede rastro suyo en los ficheros del Ministerio del Interior ha de ocuparse de ambos.

Qué se inscribe y qué revela el perfil

Se inscriben los identificadores obtenidos a partir del ADN de muestras halladas en una investigación criminal o tomadas del sospechoso, detenido o investigado, cuando se trate de delitos graves y, en todo caso, de los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual o la integridad de las personas, de los delitos patrimoniales cometidos con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, y de los cometidos en el seno de la delincuencia organizada (art. 3.1). La inscripción no precisa el consentimiento del afectado, si bien este ha de ser informado por escrito de todos los derechos que le asisten, y de ello queda constancia en el procedimiento (art. 3.1, párrafo final). Cabe también la inscripción voluntaria, con consentimiento expreso (art. 3.2): es el caso de los familiares que aportan su ADN para la búsqueda de un desaparecido.

Lo que la base puede guardar está tasado: solo pueden inscribirse los identificadores que proporcionen, exclusivamente, «información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo» (art. 4). El perfil no revela la salud, los rasgos ni predisposición alguna: sirve para afirmar o descartar una identidad, y a esa función se limita. La ley no ampara la custodia del genoma, sino la de un mero patrón de comparación.

Cómo llega su ADN a la base

Llega por tres caminos, y no es indiferente cuál.

El primero es el frotis bucal en la detención. Al detenido por alguno de esos delitos se le propone la toma de la muestra, y en esa decisión el abogado tiene una función que la propia ley le encomienda: informarle de las consecuencias de prestar o denegar el consentimiento (art. 520.6.c LECrim). Si el detenido se niega, la policía no puede tomarla por sí misma: es el juez de instrucción quien, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, puede imponer la ejecución forzosa mediante las medidas coactivas mínimas indispensables, proporcionadas a las circunstancias y respetuosas con su dignidad (mismo precepto). Consentir o no es, pues, una decisión que no debe tomarse sin el abogado: en la entrevista reservada —confidencial por ley y previa incluso a la declaración (art. 520.6.d LECrim)—, el letrado examina la situación, pondera con el detenido las consecuencias de aceptar o negarse y orienta la decisión.

El segundo son los vestigios y la orden judicial. El perfil puede obtenerse de muestras o fluidos hallados en la investigación —la colilla, la prenda, el vestigio biológico del lugar del delito— (art. 3.1 LO 10/2007). Y cuando se precisan muestras del sospechoso que este no facilita, el juez de instrucción puede acordar su obtención en resolución motivada, mediante los actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad (art. 363 LECrim).

El tercero es la toma de muestras al condenado con pronóstico de reiteración. El Código Penal permite que el juez o tribunal acuerde la toma de muestras del condenado por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual o de terrorismo, cuando de las circunstancias del hecho y de la valoración de su personalidad resulte un peligro relevante de reiteración delictiva (art. 129 bis CP); también aquí la negativa puede vencerse con las medidas coactivas mínimas indispensables.

Cuánto tiempo puede conservarse el perfil

El tiempo de conservación está tasado por la ley (art. 9 LO 10/2007). No puede superar el señalado para la prescripción del delito, que depende de la gravedad de la pena (art. 131 CP): el perfil inscrito por un robo con violencia no se conserva tanto como el inscrito por un homicidio. Si hubo sentencia condenatoria firme (o absolutoria por concurrir una eximente de falta de imputabilidad o de culpabilidad, salvo que el juez disponga otra cosa), el límite es el plazo de cancelación de los antecedentes penales: cancelados estos, procede cancelar también el perfil. Y si la causa terminó en sobreseimiento libre o en sentencia absolutoria por cualquier otra causa, la ley no deja margen: «en todo caso se procederá a su cancelación» una vez firmes esas resoluciones. Para el sospechoso que no llegó a ser formalmente investigado rige el plazo de prescripción del delito.

Dos reglas más completan el régimen. Si una misma persona tiene inscripciones por delitos distintos, todas se conservan hasta que venza el plazo de cancelación más amplio. Y los perfiles anónimos (obtenidos de vestigios cuyo titular se desconoce) permanecen inscritos mientras dure el anonimato; identificada la persona, entran en el régimen general (art. 9.4). Quien fue absuelto o cuya causa terminó en sobreseimiento libre tiene derecho a la cancelación de inmediato, sin plazo que esperar. Esa cancelación es un deber del responsable de la base y no exige solicitud; en la práctica, lo prudente es instarla con la resolución firme y comprobar después que se ha practicado.

Cómo se pide la cancelación

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, la propia Ley Orgánica 10/2007 remite a la legislación general de protección de datos (art. 9.3). Aquella remisión se hizo a una ley hoy derogada; el régimen vigente para los tratamientos con fines policiales y penales es la Ley Orgánica 7/2021, y conforme a él se tramita la solicitud. Es gratuita y se dirige al responsable del tratamiento (la base depende del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad); debe identificar la inscripción y acompañar lo que funda la cancelación: el auto de sobreseimiento libre o la sentencia absolutoria firmes, o la acreditación de que los antecedentes penales están cancelados. Ha de resolverse y notificarse en el plazo de un mes; el silencio equivale a desestimación (art. 20 LO 7/2021).

Frente a la denegación, expresa o presunta, caben dos vías: el recurso administrativo ante el propio Ministerio del Interior, por las reglas generales de la alzada y la reposición (arts. 112 y siguientes de la Ley 39/2015), y la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Agotada la vía administrativa, queda la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 25.2 y 55 LO 7/2021).

Guía relacionadaQué son los antecedentes policiales y cómo pedir su cancelación

Preguntas frecuentes