Guía práctica — Niño, niña o adolescente víctima de un delito

Qué derechos tiene la persona menor de edad víctima de un delito, quién actúa por ella y qué la protege durante el proceso penal.

La persona menor de edad que ha sufrido un delito —y la persona con discapacidad necesitada de especial protección, cualquiera que sea su edad— es víctima con derechos propios en el proceso penal. Se le oye sin límite de edad; declara una sola vez, como prueba preconstituida, y si es menor de catorce años no acude al juicio salvo excepción motivada (art. 449 ter LECrim). Comunicar la violencia sobre un menor es un deber de todos, y la propia víctima puede denunciar por sí misma. Tiene derecho a abogado y procurador de su confianza o, en su defecto, de oficio, de designación urgente (art. 14 LO 8/2021), y puede personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento. Estos delitos se descubren tarde, por ello, la prescripción de los más graves no empieza a contar hasta que la víctima cumple treinta y cinco años (art. 132 CP): así, quien los sufrió de niño puede denunciarlos siendo adulto.

Sus derechos desde el primer momento LO 8/2021 · Ley 4/2015

Ser oído y escuchado — en cualquier procedimiento que le afecte, con su opinión tenida en cuenta en función de su edad y madurez; las víctimas de violencia, «sin límite de edad» (art. 9 LO 1/1996; art. 11.1 LO 8/2021).
Información y asesoramiento — adaptados a su edad y madurez (art. 10 LO 8/2021).
Acompañamiento — de una persona de su elección en las diligencias en que intervenga (art. 433 LECrim; arts. 4 y 21 Ley 4/2015).
Atención integral — apoyo psicosocial y atención terapéutica, también para la unidad familiar, en espacios adaptados y amigables, coordinada por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (arts. 9.4, 12 y 13.2 LO 8/2021).
Intimidad e identidad — su divulgación está prohibida «en todo caso» (art. 681.3 LECrim; art. 22 Ley 4/2015); el juicio puede además celebrarse a puerta cerrada (art. 681.1).
Defensa y representación — por abogado y procurador, de su confianza o, en su defecto, de oficio (art. 14 LO 8/2021).
La Fiscalía vela especialmente — por su protección (art. 19 Ley 4/2015); si hay dudas sobre la edad que no puedan despejarse, se presume la minoría (art. 26.3).
Su testimonio, protegido — los poderes públicos deben impedir que se tomen en consideración planteamientos sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, «como el llamado síndrome de alienación parental» (art. 11.3 LO 8/2021).

Quién actúa por el menor defensor judicial

Regla general — hasta la mayoría de edad ejerce las acciones a través de sus representantes legales, ordinariamente sus padres (art. 13 LO 8/2021; art. 109 LECrim).
Conflicto de intereses — si la persona investigada es uno de los progenitores y el otro no puede asumir adecuadamente la representación, o existe cualquier conflicto de intereses, el Fiscal recaba del juez el nombramiento de un defensor judicial (art. 26.2 Ley 4/2015).
Entidad pública — si vive bajo su guarda o tutela y la denuncia a ella o a su personal, el conflicto de intereses se presume en todo caso (art. 13.1 LO 8/2021).
Por sí misma — puede acudir al Ministerio Fiscal o al Defensor del Pueblo y solicitar abogado y defensor judicial (art. 10.2 LO 1/1996).

Su defensa de confianza o de oficio

De confianza o de oficio — la persona menor de edad, o su entorno familiar, puede designar abogado y procurador de su confianza; en su defecto, tratándose de víctima de violencia, se le nombran de oficio, de designación urgente y gratuita (art. 14 LO 8/2021), reforzado en las violencias sexuales (LO 10/2022).
Urgente — los Colegios de Abogados aseguran la designación urgente y la inmediata presencia y asistencia del letrado, que representa a la víctima hasta que se designe procurador (arts. 14.3 y 14.5).
Acusación particular en cualquier momento — del procedimiento, sin que lo ya actuado se retrotraiga ni se reitere (art. 14.6). El derecho no caduca, pero la instrucción no espera: la causa se construye en ella.

Declarar una sola vez: la prueba preconstituida arts. 449 bis, 449 ter y 703 bis LECrim

Menos de 14 años

Se acuerda en todo caso

Una sola declaración, en fase de instrucción, con todas las garantías: la defensa del investigado presente, sin confrontación visual; puede recibirse a través de equipos psicosociales. Rige también para la persona con discapacidad necesitada de especial protección.

En el juicio

Se reproduce la grabación

Sin que sea precisa la presencia de la persona menor de edad; su intervención en la vista solo cabe con carácter excepcional y por resolución motivada (arts. 703 bis y 730.2 LECrim).

De 14 a 17 años

No es automática

Ha de acordarla el juez conforme al régimen general (art. 449 bis); si el adolescente declara en la vista, se evita la confrontación visual con el acusado, en su caso por medios técnicos o a puerta cerrada (arts. 707 y 681 LECrim).

La edad determinante es la del momento de practicar la declaración, no la de los hechos. La preconstitución exige resolución judicial que la acuerde y ordene sus garantías; practicada sin ellas, la defensa del acusado puede lograr que la persona menor de edad haya de declarar en el juicio. Conviene interesarla sin demora y velar por que se practique con plenitud de garantías desde la primera vez, pues no cabe una segunda.

La protección durante el proceso LECrim · Código Penal

Medidas sobre el investigado — prohibición de aproximación y de comunicación (art. 544 bis LECrim); en la violencia en el ámbito familiar, orden de protección (art. 544 ter).
Si pertenece al entorno del menor — el juez puede, mediante resolución motivada, suspender la patria potestad, la tutela, curatela, guarda o acogimiento, o suspender o modificar el régimen de visitas o de comunicación (art. 544 quinquies LECrim).
La dispensa familiar ya no ampara el silencio — no puede acogerse a ella quien ostenta la representación legal o la guarda de hecho de la víctima menor de edad; ni, en los delitos graves, el testigo mayor de edad cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad (art. 416.1 LECrim); tampoco opera la exención de denunciar a parientes en esos delitos (art. 261).
La prescripción no empieza a correr en la infancia — en la tentativa de homicidio, las lesiones graves de los arts. 149 y 150, el maltrato habitual, los delitos contra la libertad sexual y la trata, el plazo no comienza a computarse hasta que la víctima cumple treinta y cinco años (art. 132.1 CP). El transcurso de los años no cierra por sí la vía penal: determine el cómputo con asistencia letrada antes de descartarla.

Primeros pasos qué hacer ya

Comunique de inmediato los indicios de violencia: es un deber de toda persona, y no exige certeza: bastan los indicios (art. 15 LO 8/2021). La propia víctima puede denunciar por sí misma, acompañada de una persona de su confianza (art. 17).
Describa los hechos completos y con sus circunstancias, y deje a los profesionales la calificación jurídica.
Designe abogado de confianza o pida el de oficio, de designación urgente, y valore personarse como acusación particular.
Interese la prueba preconstituida sin demora y con plenitud de garantías, para que la persona menor de edad declare una sola vez y no acuda al juicio.
Si el investigado pertenece al entorno del menor, pida las medidas de protección: alejamiento, suspensión o modificación de visitas, guarda o patria potestad (arts. 544 bis a 544 quinquies LECrim).
No suscriba renuncias ni acepte cifras en los primeros días: el daño se mide con tiempo y con informes, y la renuncia condicionada por la relación de la víctima con alguno de los responsables puede revocarse (art. 112 LECrim).

Base legal: Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (arts. 2, 3, 9 y 10); Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (arts. 1, 9 a 17 y 41 a 44); Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito (arts. 3, 4, 19, 21, 22, 25 y 26); Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 14, 108, 109, 109 bis, 112, 261, 416, 433, 449 bis, 449 ter, 544 bis, 544 ter, 544 quinquies, 681, 703 bis, 707 y 730.2); Código Penal (arts. 11, 132, 191, 192, 408 y 450); Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual; Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa (art. 4); Estatuto General de la Abogacía Española (arts. 21 y 22); Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita; Ley 35/1995, de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Guía completa: sanchezbarragan.es/guias/menor-victima-de-un-delito. Aviso: esta guía tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico; cada procedimiento requiere un asesoramiento jurídico individualizado. © Sánchez Barragán Abogados.

Niño, niña, adolescente o persona con discapacidad víctima de un delito